47 aniversario de la muerte del Comandante Camilo Torres Restrepo
Un acuerdo de paz incluye una negociación entre dos sectores en conflicto y las negociaciones, generalmente, se pueden dar en medio de una tregua pactada de común acuerdo por los dos bandos. En el caso colombiano el estado se negó a aceptar el cese al fuego bilateral por razones que dejó muy en claro el jefe de negociadores del estado: "Solo habrá cese al fuego cuando se hayan alcanzado los acuerdos definitivos. Queremos la paz pero no a cualquier costo, no al costo que como producto de las conversaciones la guerrilla se fortalezca para seguir en la guerra".
De allí que no entendemos las frecuentes pataletas del estado, especialmente del ministerio de defensa, el cual parece oponerse a las negociaciones, señalando a los insurgentes de terroristas y creándoles un ambiente de desconfianza. En una de sus publicaciones, las acusan por: “…. las FARC atentan indiscriminadamente contra la población civil y el medio ambiente. Este ataque afectará la subsistencia de los pobladores de la zona, especialmente sus actividades agrícolas y pesqueras. Asimismo las FARC siguen atentando contra la industria petrolera que genera miles de empleos en el país y afectan la distribución de regalías para inversión social en estas zonas. Este ataque es una violación a la Declaración universal de los Derechos Humanos. Específicamente del artículo 3 garante del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de todos los individuos”. Este tipo de afirmaciones nos hace pensar que el ministro o es un cínico o desconoce que desde hace mas de medio siglo por culpa del conflicto se viene afectando la subsistencia de los colombianos hasta el punto de que nuestro país tiene la mayor población desplazada en el mundo y que además toda guerra es una violación a todos los artículos de la Declaración universal de los Derechos Humanos.
Argumentar que los hechos de guerra son razones suficientes para levantarse de la mesa de negociación nos parece estúpido, puesto que es al contrario, la guerra es el argumento justo para estar sentados en la mesa de negociaciones. Si estos diálogos fracasan, hay razones suficientes, para buscar al culpable dentro de la burocracia estatal. Se nos antoja que dentro del gobierno santista hay una “quinta columna” que incluye, al hermano y al primo del ejecutivo, además de ministros, presidentes gremiales y toda esa oscura derecha que tendría mucho que perder si entre los puntos que se firmen para dar fin al conflicto se impone el criterio de devolver las tierras expropiadas por medio de practicas criminales a esa gran cantidad de campesinos que deambulan en nuestras ciudades, victimas del desplazamiento forzado. En materia agraria, hasta ahora no vemos las exigencias exorbitantes de la guerrilla, solo conocemos las propuestas de recuperar el campo para el desarrollo de una producción sostenible, es decir la guerrilla colombiana abandono definitivamente su discurso agrario por un discurso más moderno incluso que el de los negociadores del gobierno.
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