La reciente crisis del único partido de oposición democrática en nuestro país, demuestra que se hace necesario un proceso de reingeniería al interior del mismo. Tradicionalmente los partidos políticos Colombianos se comportan como clubes sociales, en donde se ingresa por haber heredado de sus ascendientes la vinculación o por razones de chequera, pero de ningún modo por razones político-ideológicas, de allí que no es raro encontrar en un mismo partido señores feudales con comportamiento de encomenderos, latifundistas que viven del trabajo de sus aparceros y empresarios modernos, que solo tienen en común, con los primeros, su riqueza y su poder político, y de ningún modo se permiten la crítica o la solicitud de constancias escritas condenando la explotación del campesino mediante métodos violatorios de la constitución nacional o la contratación de los obreros urbanos haciéndole el “quite” a la legislación laboral. Tampoco responden como partido, por el incumplimiento de las propuestas electorales, o por el cambio de bando, una vez elegidos, o por los actos de corrupción tan frecuentes en nuestro país.
El PDA, no es la excepción. Nace como partido, alrededor de personalidades democráticas en su mayoría de tendencia social demócrata y por lo tanto en un país tan conservatizado como lo es Colombia, se sitúa a la izquierda del espectro político nacional, aunque realmente es un partido de derecha, o para darnos "contentillo" de centro-izquierda (si es que esta calificación es posible en este mundo polarizado) dentro del espectro latinoamericano, signado por la revolución Bolivariana.
Uno de los grandes problemas del PDA, desde nuestra óptica, radica en la falta de definición de sus objetivos. La propuesta de cambiar el modelo económico, es solo un embeleco ya que es obvio que muchos líderes del partido no comparten esta opinión, como tampoco están de acuerdo con la lucha contra los TLC o con los derechos sociales de la comunidad LGTB. Sin embargo a pesar de estas divergencias, a nadie se le ocurre forzar a este o aquel militante a manifestarse públicamente sobre estos temas.
Lo anterior no ocurre con otros temas más polémicos como la opinión que se tiene frente a la posición de los militantes sobre si es o no justo concederle estatus político a la insurgencia o a la posición que se tiene sobre cómo dar fin a la guerra que vive nuestro país desde mediados del pasado siglo. La causa de este fenómeno es consecuencia de la presión de la clase gobernante a través de la gran prensa y a la censura y la descalificación de quien se atreva a disentir a pesar de que el tema pasa por la convicción política legitima, de que la guerra tiene un origen político y requiere de soluciones ídem.
Si bien, frente al flagelo de la corrupción, que se da silvestre entre nuestra “clase” política, los partidos mayoritarios no asumen sus consecuencias políticas, si están prontos a exigírsela al partido de oposición, como ocurrió, recientemente, en el caso del llamado “Carrusel de la Contratación”, en donde, un conocido grupo de contratistas, un par de funcionarios militantes del POLO, en alianza con políticos afiliados al partido de la U, alianza que, obviamente, no fue consultada ni aprobada por el partido, se robaron el presupuesto de la capital del país, ante lo cual los entes de control, solo se han centrado en el desprestigio político del PDA y no han demostrado interés en la recuperación del capital perdido, ni en el castigo de todos los autores comprometidos en el latrocinio.
Claro que no se pretende justificar la corrupción, ni tampoco la responsabilidad política, sino de exigirla a todos los partidos, sin excepciones.
Hechos como el ocurrido en la ciudad de Bogotá pudieron haberse evitado de haber existido un estatuto disciplinario más exigente, en donde los partidos en general, y no solo el PDA, exigiera de sus representantes la rendición cuentas sobre sus alianzas, sus modelos de contratación y su comportamiento administrativo, en forma meticulosa y rígida, llegando antes que los entes de control e incluso antes de cometido el exabrupto con fines preventivos.
Creemos que los problemas del POLO, radican en no marcar la diferencia con las organizaciones partidarias de derecha, en no tener claro que más que un partido político es un frente constituido sobre la base del rescate de los derechos democráticos de las mayorías y fundamentalmente en no haberse creado objetivos realistas.
Al igual que los partidos tradicionales, el POLO se “craneó” como un movimiento abierto a personas o a movimientos políticos de diversas tendencias en torno a un objetivo común; objetivo que al día de hoy aun no se ha definido claramente. Entre su militancia, se encuentran personalidades provenientes de la izquierda liberal, agrupaciones y partidos políticos tan variados como la populista ANAPO, el social-demócrata MOIR, corrientes socialistas como el ortodoxo Partido Comunista, Democracia María Cano, organizaciones de minorías discriminadas como la comunidad LGTB, etc. No todas las tendencias tienen el mismo objetivo frente al poder, algunos militantes esperan del POLO la solución a su marginación, en su lucha por lograr un reconocimiento social, las tendencias del centro consideran necesaria la defensa de la neoliberal constitución política, otros proponen la reforma institucional, mientras que las tendencias de izquierda plantean la toma del poder y el cambio del modelo económico. Estas son la razones por las cuales no podemos tomar posturas como partido a largo plazo. Por nuestro origen y constitución, los planteamientos deben cubrir solo el mediano plazo, y las declaraciones partidarias deben centrarse en el objetivo general y no atender a las provocaciones de la derecha, de pronunciamientos sobre cuestiones de principios ideológicos, que quedan por fuera de dicho objetivo. Hacerlo será matar la “gallinita de los huevos de oro” antes de que comience a poner. Esperemos en el futuro mediato y en un escenario más democrático, construir con quienes coincidamos el país que soñamos.
